Recado de los niños en prisión

Marcha Migrante, día 12. Taylor, Texas, Centro de Detención Hutto

El letrero de la entrada, que describe al centro de detención T. Don Hutto como “residencia familiar”, contrasta con los muros exteriores del edificio, altos, sin puertas ni ventanas, con tres capas de reja y malla ciclónica con puntas de navaja rodeándolo que hacen que se vea, en efecto, como una prisión.

Estas instalaciones, que pertenecen a la empresa Correction Corporations of America, operan desde abril de 2006 como centro de detención para familias gracias a un contrato firmado con el gobierno federal de Estados Unidos. Ahí se encuentran inmigrantes presuntamente indocumentados de cualquier nacionalidad excepto mexicanos (Other Than Mexican, OTM es el nombre formal con el que se les cataloga), esperando ir a la corte para enfrentar un proceso de deportación.

La “innovación” de ese lugar es que a los detenidos se les permite tener con ellos a sus hijos menores de edad, supuestamente con el fin de promover la integración familiar; sin embargo desde el inicio de las operaciones del centro, grupos de activistas empezaron a denunciar las condiciones en que viven estas familias, similares a las de una prisión, con los chavitos viviendo en un ambiente carcelario sin haber cometido delito alguno.
El lunes 12 de febrero la caravana de la Marcha Migrante se sumó a una vigilia realizada por grupos activistas frente a Hutto para pedir su cierre. Rosa Rosales (sí, así se llama), presidenta nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), me contó que quienes han hecho las denuncian relatan que a los niños les ponen uniformes de prisión con una etiqueta con su nombre y los ponen en cuartitos de prisión, niños de cinco, seis, siete años. “Creen que nos están haciendo un favor porque siempre pedimos que no separen a las familias, pero para mí es una vergüenza que en este país los niños sean tratados como criminales”, me dijo Rosa.

Rosa, presidenta nacional de LULAC, encabezando a manifestantes que exigen el cierre del centro

Aunque no ha sido posible obtener una relación de las nacionalidades de los 380 detenidos en el lugar, de los cuales más de 200 son niños, pero se sabe que provienen de más de 20 países, y que entre ellos hay al menos tres familias de origen palestino. Estar en el lugar me recordó que el drama de los indocumentados y las deportaciones no es exclusivo de los mexicanos, que son muchas las pequeñas tragedias familiares debidas a la imbecilidad de quienes no buscan una solución al problema migratorio.

Manifestantes frente al centro de detención. Los guardias no les permiten pararse del lado de la acera donde se encuentra el edificio

Debido a las denuncias por las condiciones en las que se tiene a las familias, las autoridades del centro habían realizado unas días antes un recorrido para los medios de comunicación. No me tocó estar ahí, pero platiqué con el Daniel Lai, reportero del diario local Taylor Daily Press, quien me contó que a los periodistas se les prohibió entrar con grabadoras, micrófonos y cámaras fotográficas o de video, y que no se les permitió hablar con ninguno de los detenidos o sus hijos.
“Nos mostraron los salones de clases, el lugar donde se les da atención médica a los detenidos y uno de los cuartos, que son chiquititos, con una litera, un retrete y a veces una cuna junto al retrete”, me contó Daniel. Según la información que él obtuvo, aunque las puertas de los cuartos están abiertas de día, por las noches las cierran cuando llega la hora de dormir, 9:00 PM para los niños y 10:00 PM para los padres. Si alguien atraviesa la puerta un rayo láser acciona una alerta para que los guardias acudan al lugar, aunque las autoridades aseguran que es por protección de los niños. Es el trato a estos delincuentes, cuyo delito fue llegar a ese país a buscar una vida mejor.
Cuando busqué hablar con alguna de las autoridades del centro de detención para pedir una entrevista, los guardias de seguridad se portaron como celadores de un campo de concentración. No dejan que nadie entre, ni siquiera al estacionamiento; cuando me “colé” y llegué a la primera puerta, que tiene una reja capaz de impedir el paso de un ejército extraterrestre, la capitana a cargo empezó a dar de gritos sin escucharme, amenazándome. Con un timbre abrió una reja y dos guardias me llevaron afuera del estacionamiento. Pero siguen diciendo que no es una prisión.

Matthew Dehnel, quien viajó con la caravana desde San Diego, prende velitas para la vigilia frente a la prisión

Curiosamente unos días antes, cuando platicamos con los agentes de la Patrulla Fronteriza, una agente de nombre María Araceli Keisel, que se encarga de los menores de edad que son detenidos sin documentos, me había contado que las instalaciones de Hutto son únicas en su tipo y están a la vanguardia en los centros de detención. “Es un sitio donde pueden estar con sus padres en lugar de ir a un hogar adoptivo”, me dijo en esa ocasión. “Ahí los niños cuentan con educación, les dan atención médica y es como un centro de convivencia”.
La realidad, al parecer, es bastante más obvia y menos idílica: estos centros de detención operan bajo una concesión del estado y por tanto, por cada persona detenida reciben dinero. Según estimaciones de LULAC, la operación de Hutto deja a Correction Corporations of America una ganancia cercana a los tres millones de dólares mensuales.